Si bien la Ley de Seguridad Nacional prevé la posibilidad de que el Estado espíe distintos actores para enfrentar eventuales riesgos o amenazas, las actividades de los periodistas y defensores de derechos humanos difícilmente encuadran en los supuestos que establece la norma, expresó el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad del Congreso de la Unión, Waldo Fernández González.
La polémica sobre la supuesta vigilancia hacia periodistas y defensores de derechos humanos arroja la necesidad de realizar una investigación que establezca qué sucedió toda vez que el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez, señaló el diputado Fernández.
Afirmó que el Estado mexicano sólo puede dar seguimiento para intervenir comunicaciones privadas en materia de seguridad nacional con la autorización de un Juez, al que se le deben explicar los fundamentos, causas, así como el modo, tiempo y lugar para una actuación de este tipo.
Explicó que en nuestro país existen disposiciones establecidas en la Constitución en materia de seguridad nacional e interior y la Ley de Seguridad Nacional define claramente las amenazas que ponen en riesgo a la nación misma y que requieren operaciones concretas del Estado mexicano para conocerlas, anticiparlas y enfrentarlas.
Los riesgos y amenazas son actividades que pueden desarrollar los Estados u organizaciones o actores no estatales contra nuestro país, de ahí la necesidad de tener un sistema de seguridad nacional, abundó el diputado Fernández González.
“Los periodistas y los defensores de Derechos Humanos difícilmente podrían encuadrar en los supuestos de la Ley de Seguridad Nacional”, consideró al añadir que en México la situación del periodismo es preocupante por factores que dañan un principio de la democracia: la libertad de expresión, es el caso de los asesinatos de periodistas; algunas publicaciones señalan que México sólo es superado en esta situación por países que enfrentan conflictos armados.
El presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad, expresó que al desatarse la polémica al conocerse una especie acerca del presunto espionaje del Estado Mexicano de las comunicaciones de periodistas y defensores de derechos humanos, es indispensable que se efectúe una investigación que establezca qué sucedió.
Consideró que el episodio del supuesto espionaje hizo aflorar que la intervención de comunicaciones privadas se ha vuelto algo común en el espacio público, sin que medie algún principio ético o jurídico.
También, que es normal ver en las campañas cómo se cuestiona a actores institucionales o políticos sobre sus comunicaciones privadas. No obstante, apuntó que el Estado no puede vigilar a nadie sin motivo y autorización de un juez.
Igualmente, el diputado Waldo Fernández estima que la filtración a los medios de comunicaciones privadas se convierte en un mecanismo de control y daño a las personas en donde es fundamental evitar prácticas que afecten a la persona periodista y dañen al periodismo como profesión.
Si vamos a asumir un debate sobre lo que se denomina espionaje habrá que hacerlo en cada línea y con base en el derecho humano a la intimidad y a la privacidad. El debate debe ser basado en el espionaje ilegal y no en las personas objeto del espionaje, enfatizó.
