Exigirán a TSJ reformar sistema de justicia
Monterrey.- Alcaldes metropolitanos acordaron con el Estado enviar un exhorto al Tribunal Superior de Justicia para cubrir fallas legales y evitar que más delincuentes sean liberados.
El alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, criticó duramente al presidente del Tribunal de Justicia, Carlos Arenas Batiz a quien calificó de irresponsable, por qué afirmó que la responsabilidad completa de que delincuentes sean liberados no corresponde a los municipios, sino también al Poder Judicial.
El alcalde dijo que a su propuesta de lanzar el exhorto también se sumaron los alcaldes metropolitanos, entre ellos Adrián de la Garza.
Mauricio explicó en ese sentido que ambos munícipes consideraron que no hay criterios por parte del Poder Judicial del Estado.
“Aquí como que quieren navegar de muertito y ‘dependiendo del sapo, la pedrada’ y estoy francamente harto de tanta arbitrariedad del Poder Judicial en este estado y harto de tanta falta de compromiso del responsable que es el presidente del Tribunal que es Carlos Arenas ni siquiera ha mandado una iniciativa para mejorar al sistema penal.
“Lo único que sé es que me han liberado delincuentes confesos, que son asesinos, que son secuestradores y por tecnicismos legales la preocupación de este señor es ver cómo liberar asesinos y no cómo meterlos a la cárcel”, declaró Fernández.
La propuesta, detalló el alcalde de San Pedro va a ser redactada por el secretario General de Gobierno, Manuel González, para ser enviada después a los alcaldes y que éstos se puedan sumar a la exigencia.
En entrevista aparte, la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores dijo que a raíz de estas fallas los municipios harán bitácoras de seguimiento por cada detención.
Esto para dejar en claro en qué parte del proceso de detención de las personas está el error, si en los policías municipales, los agentes ministeriales o en los jueces de control.
Pediría Fuentes juicio… contra jueces
El Alcalde de San Nicolás, Víctor Fuentes, amagó hoy con promover un juicio político contra los integrantes del Poder Judicial que liberen a personas detenidas o confesas por delitos de robo.
“Los funcionarios públicos del Poder que sea, incluyendo el Judicial, que se coludan con delincuentes son tan delincuentes como ellos, y el juicio político es una figura que está abierta y que podemos hacer valer en caso de que determinemos que hay elementos suficientes para señalar a algún integrante del Poder Judicial”, expresó.
