Monterrey, México (05 julio 2016).- Luego de comparecer por ocho horas, la Jueza de Control Patricia Alejandra Gutiérrez vinculó a proceso legl por malos manejos a la ex Alcaldesa de Monterrey ,Margarita Arellanes y a nueve de sus colaboradores.
La juez de control,descartó medidas cautelares como la prisión preventiva y solamente se le pidio a Margarita Arellanes y allegados a acudir cada mes para presentar su firma,mientras dure el juicio.
Por primera ocasión en la historia del Estado, un ex Alcalde y su equipo son acusados de manera formal ante un Juez.
Los delitos por los que se les dictó auto de vinculación a proceso son ejercicio y abuso indebido de la función pública.
Además de la vinculación, los ex funcionarios deberán acudir una vez al mes a firmar.
Aunque se había pedido como medida cautelar una restricción para salir del país, ésta fue desechada.
Arellanes y sus nueve ex funcionarios acudieron a la Sala de Audiencias número uno del Palacio de Justicia de Monterrey, luego de que la semana pasada solicitaron a la juzgadora una ampliación del término para resolver su situación jurídica.
Aquel día, todos los imputados se acogieron a los beneficios del Artículo 20 para no declarar.
Los 10 ex funcionarios municipales son acusados de pagar 7.5 millones de pesos al despacho jurídico del abogado Roberto Martínez Rodríguez de manera irregular para que los representara legalmente después de dejar la Alcaldía.
El argumento de la Fiscalía para categorizar esta contratación como delito es que se realizó como adjudicación directa y no por concurso.
Además de Arellanes, al ex Secretario del Ayuntamiento Jesús Hurtado, el ex Tesorero Julián Hernández, la ex Síndico Irasema Arriaga, el ex director de Egresos Aldo Cepeda y la ex Secretaria de Administración Alejandra Rodríguez, se les acusa de ejercicio abusivo de funciones.
Mientras que al ex encargado del Despacho de Adquisiciones Luis Ángel Torres, el ex director Jurídico José Francisco de la Cruz, el ex Síndico David Rex Ochoa y el ex regidor priista Arturo Pezina se les acusa de ejercicio indebido de funciones.
La diligencia, que por ley debe ser pública, se realizó en un espacio pequeño, donde los acusados, sus defensores y el público estuvieron de frente a la Jueza.
Aunque la audiencia se considera pública, se restringió el acceso a no más de 30 personas por límites de espacio.
