El Poder Judicial del Estado de Nuevo León informó que ha eliminado los vales de gasolina personales para todos los empleados de esa instancia, incluyendo a los magistrados.
Dicho Poder expuso que, consciente de la situación financiera del Estado, y en apoyo a la economía de las familias arrancó de inmediato un Plan de Austeridad y Optimización del Gasto
Judicial.
Tampoco gozarán de los vales de gasolina los consejeros, jueces, directores y coordinadores.
Se hace la excepción en el traslado de jueces foráneos y visitadores, así como de actuarios y personal judicial que realice notificaciones.
Otra medida del Plan de Austeridad y Optimización del Gasto Judicial es que no se pagarán equipos ni rentas de celulares a ningún empleado, salvo los equipos utilitarios que requieran las áreas relacionadas con la seguridad y la operatividad de la infraestructura informática e instalaciones, así como los actuarios que transmiten electrónicamente sus diligencias.
En lo concerniente a las percepciones, el salario del Magistrado Presidente se homologa al del resto de los magistrados. En otro aspecto, no habrá compra de vehículos nuevos y se reducirá el actual parque vehicular.
También, se ordena realizar un análisis para proceder a reducir el gasto operativo administrativo, y se mantiene invariable la política institucional de no cubrir gastos de representación, y de no realizar ningún gasto por concepto de publicidad y comunicación social.
Dichas acciones permitirán ahorrar anualmente más de treinta millones de pesos del gasto del Poder Judicial, recursos que se adicionarán a los que ya se tiene previsto aplicar a programas orientados a apoyar la economía de los justiciables de escasos recursos.
Entre estos programas cabe mencionar:
El programa de “Módulos Judiciales” que permitirán acercar la justicia a zonas en donde viven usuarios a quienes les resulta más gravoso trasladarse a los tribunales para hacer consulta de expedientes, cobrar pensiones alimenticias, presentarse periódicamente al juzgado en los casos en que estén sujetos a proceso penal en libertad, o participar en otras diversas actuaciones judiciales.
Y los programas de fortalecimiento de las áreas de mediación y orientación, para incrementar su cobertura a personas de escasos recursos o en estado de vulnerabilidad
