Madrid, España, 14 Oct. 2016.- Este sábado España cumple 300 días con un gobierno interino, lo que limita su capacidad para resolver pendientes económicos que se han acumulado y cuya resolución será obligada una vez haya un ejecutivo con plenas funciones.
La crisis causada por la falta de mayorías parlamentarias y los bloqueos partidistas por diferencias ideológicas y políticas, ha impedido la elaboración de Presupuestos General del Estado de 2017, por lo que este fin de semana se anuncia la prolongación de los de 2016.
El ministro español de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, reconoció esta semana en las negociaciones con la Comisión Europea (CE) que en 2017 el déficit público será mayor al objetivo de 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
La estimación del representante español es que se sitúe en el 3.6 por ciento, lo que obligue al país a un esfuerzo de contención de gastos de unos 5, 500 millones de euros.
El director de Economía del IE Business School, Rafael Pampillón, explicó que el factor de riesgo es la deuda que genera el déficit público, que está en niveles altos respecto del PIB, por lo que es el Talón de Aquiles y por ello se hace más necesario tener un gobierno estable.
Recordó que un descuido en estos indicadores conllevaría la sanción de la CE, pero además el riesgo de que vuelva a aumentar la prima de riesgo en el mercado de deuda, y eso es algo que vigilan de cerca las agencias calificadoras de crédito.
Todo esto implica un posible ajuste, que tendría que hacer un gobierno con subir impuestos o bajar el gasto, es el reto que deberá afrontar, dijo al añadir que también la falta de Presupuestos del Estado de 2017 tendría efectos sobre las cuentas públicas.
El Consejo de Ministros en funciones del gobierno español se reunió para estudiar esta situación, presentar a la CE la ampliación del ejercicio de 2016, en espera de que un gobierno aprobado por el Parlamento pueda actualizar las cuentas públicas.
En clave interna, la falta de Presupuestos de 2017 afecta la ampliación del aumento de las pensiones y del sueldo de los trabajadores del Estado, algo que el ejecutivo interino de Mariano Rajoy busca solucionar con la expedición de algunos decretos.
La falta de una política económica definida en el paquete fiscal de 2017 también afectaría el crecimiento económico en tres décimas de PIB, según declaró recientemente el economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research, Rafael Doménech.
Por su parte, el Banco de España estima que 2016 cerrará con un crecimiento de 3.2 por ciento, y 2.3 por ciento en 2017, y en su reporte económico de septiembre pasado advirtió que un retraso por la falta de Presupuestos incidirá en la sostenibilidad de las cuentas públicas.
La falta de gobierno en estos 300 días podría tener una solución antes del 31 de octubre, fecha límite para que el Congreso de los Diputados apruebe una investidura o de lo contrario al siguiente día se convocará a nuevas elecciones a realizarse en diciembre.
El reciente cambio en la dirigencia del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo anterior líder Pedro Sánchez era el principal opositor a un nuevo mandato de Rajoy, abrió la puerta a que en una votación de investidura se abstengan sus diputados y permitir de ese modo la formación del gobierno.
